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La tradición médica occidental se ha asentado sobre el llamado Principio de Beneficencia que exige que los clínicos procuren el bien a los enfermos. Aunque se ha puesto relación esta actitud con el precepto hipocrático Primum Non Nocere, la realidad es que el mandato beneficentista no se limitaba a la prohibición de dañar, sino que busca además hacer el bien. Pero era el médico, y sólo él, quien determinaba qué era el bien para el enfermo, y cómo y cuándo había que procurárselo. El enfermo era considerado como una persona incapaz e inmadura que debía ponerse literalmente en mano del médico. Esta orientación paternalista, esencia de la práctica médica clásica, no ha entrado en crisis prácticamente hasta las últimas décadas del siglo XX, en las que el reconocimiento del Principio de autonomía y del derecho al consentimiento informado ha permitido, entre otros cambios, que se reconozca que el enfermo es un ser con capacidad de toma de decisiones sobre su persona.
No fue hasta 1881 cuanto el estado de Massachussets fue el primero en reconocer el procedimiento para la hospitalización voluntaria, dado que hasta el momento la medicina tenía el pensamiento que la enfermedad mental de forma invariable destruía la capacidad de toma de decisiones1. De esta manera, el enfermo deja de ser un ser incapaz e inmaduro a causa de su enfermedad pasa a participar activamente en su asistencia, expresando sus intereses y preferencias al respecto, en un proceso en el que los clínicos facilitan información y el paciente consiente la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Un tratamiento médico adecuado es actualmente uno de los más importantes derechos del paciente, por lo tanto, es deseable que todos los pacientes participen en el proceso de tomar la decisión, aunque estén gravemente enfermos o mentalmente enfermos. El paciente psiquiátrico tiene los mismos derechos y autonomía para decidir acerca del tratamiento que le ha recomendado su médico, al igual, que otro tipo de enfermos, sin embargo, el derecho de autonomía y de rechazar un tratamiento puede llegar a ser problemático cuando una enfermedad mental interfiere en la habilidad del paciente para tomar una decisión informada. Actualmente, la aplicación del consentimiento informado en la hospitalización del paciente psiquiátrico voluntario constituye un tema muy debatido. Se ha argumentado que al ser el ingreso en un centro psiquiátrico un acto de gran importancia para el individuo, como hacer el testamento, realizar un contrato o consentir un tratamiento, la capacidad de la persona debería ser siempre evaluada. Se reconoce por fin la capacidad del enfermo de gobernarse a pesar de la enfermedad. En nuestra legislación, la Ley 14/86 de 25 de Abril, General de Sanidad, desglosa el derecho sobre el derecho a la información (Art. 10. 5) sobre el derecho al consentimiento (Art. 10. 6) y sobre el derecho a no consentir (Art. 10. 9). El artículo 10. 6 especifica además las excepciones del consentimiento informado: riesgo para la salud pública, situación, situación de urgencia, incapacidad para la toma de decisiones, en cuyo caso el derecho de consentimiento corresponderá a los familiares o persona designada como tutor. Con respecto de las administraciones sanitarias, la Ley General de Sanidad recoge que todos los ciudadanos, tienen el derecho a que cualquier intervención terapéutica se realice con un consentimiento informado previo. La aplicación del consentimiento informado en la hospitalización del paciente psíquico voluntario constituye un tema debatido en la actualidad. A los pacientes que ingresan voluntariamente en un hospital psiquiátrico en EE UU se les pide el consentimiento, pero no se considera en general su capacidad para otorgarlo. Se ha argumentado que al ser el ingreso en un centro psiquiátrico un acto de gran importancia para el individuo, como hacer el testamento, realizar un contrato o consentir un tratamiento, la capacidad de la persona debería ser siempre evaluada. La legislación de algunos estados promueve el consentimiento voluntario, prohibiendo explícitamente a los médicos inducir a los pacientes afirmar ?voluntariamente? bajo la amenaza de la hospitalización involuntaria. En otros estados se exige que para que una persona pueda ingresar en un hospital psiquiátrico como paciente voluntario deberá otorgar su consentimiento y tener capacidad para comprender las implicaciones de su decisión. En el estado de Nueva York, por ejemplo, se requiere que el paciente comprenda lo siguiente: 1) que el hospital en el que está solicitando el ingreso es un hospital psiquiátrico. 2) que está realizando una solicitud para que se le admita. 3) lo que significa el estado de paciente voluntario o involuntario, según sea su caso, y las regulaciones existentes para el alta o para la conversión al estado de paciente involuntario2.