Por su aspecto físico. Por ser diferente. Por las cosas que dicen o hacen. Por no relacionarse “bien” con los demás. Por lo que les gusta. Por ser de otro país, cultura, raza o religión. Por sus notas e incluso por su higiene: estos son hoy los principales motivos detrás del bullying, según las conclusiones del III Informe de prevención del Acoso Escolar en Centros Educativos de la Fundación ANAR. El mayor uso de los dispositivos digitales ha provocado además un crecimiento considerable del ciberacoso en plataformas como WhatsApp, Instagram o TikTok, hasta el punto de suponer el 22, 6 % (frente al 0, 2 % de 2018-2019) de unas agresiones que pueden tener su origen tanto en otros menores como en adultos, a través de delitos como el chid grooming (ganarse la confianza del niño con el fin último de intimidarlo y conseguir un favor sexual): un fenómeno sobre cuya peligrosidad ha advertido incluso la propia Fiscalía General del Estado en la memoria de 2020 presentada el pasado 6 de septiembre.
“En la era de las nuevas tecnologías, no podemos hablar de la existencia de un acoso puramente offline, sino que el que se inicia en las aulas o en los centros escolares a nivel presencial, continúa en las redes”, sostiene Antonia Martí Arias, directora del Máster Universitario en Acoso Escolar y Mediación de VIU. Se trata de un tipo de agresión que ocurre fuera del horario lectivo y en redes sociales a las que el centro educativo no tiene acceso, por lo que el control de las familias se antoja fundamental: “Los menores hacen uso de su propio terminal de teléfono a los 12 años de media y sin apenas supervisión parental. Formar parte de distintos grupos de WhatsApp es muy habitual a esta edad, y es ahí donde en muchas ocasiones se perpetra de nuevo el acoso”, añade.
“A menudo, el problema es que las familias se enteran del asunto cuando el acosado lo cuenta, pero la familia del acosador en muchos casos no tenía ni idea. Los padres han de poder ver todo lo que haya en las redes sociales de un menor de edad, y los centros y profesores han de tener una formación adecuada. La intervención temprana es fundamental”, señala Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (ADIMAD). Una necesidad que contrasta con la poca disponibilidad de los padres a la hora de implicarse en la cultura escolar en España, según Martí Arias: “Cuando en un colegio se organizan jornadas para la prevención de la violencia (o de otras temáticas), son muy pocos los progenitores que asisten, por incompatibilidad de horarios o dificultades para conciliar”. De acuerdo con la ONG Bullying Sin Fronteras, uno de cada tres niños y adolescentes de España y América Latina sufrieron ciberacoso durante los meses de confinamiento, entre marzo y finales de mayo de 2020.
Ausencia de formación reglada
Uno de los mayores obstáculos a los que nos enfrentamos es, precisamente, la inexistencia de una formación reglada para todos los docentes, lo que hace que la preparación de cada uno dependa, en gran medida, de la iniciativa (o falta de ella) de su propio centro o de que los profesores decidan formarse por su cuenta, a través de algún curso ofrecido por un CEP (centro de formación del profesorado) o completando un máster especializado en acoso y mediación. “Se necesita más concienciación y formación. Faltan, sobre todo, recursos humanos, porque el profesorado está muy asfixiado para poder atender todas las problemáticas que surgen a diario en un centro”, sostiene Soledad Serrano, vicedirectora del CEP Priego-Montilla en Córdoba. “Por cada caso de ciberacoso que se detecta, hay otros muchos que el profesorado no llega a conocer, y por eso la prevención es fundamental”.
Es importante recordar que hablar de ciberacoso no es simplemente referirse a un cambio de entorno para las agresiones. Para José Antonio Luengo, profesor de la Universidad Camilo José Cela y psicólogo clínico de la Unidad de Convivencia y contra el Acoso Escolar de la Comunidad de Madrid, este “representa una variante especialmente inquietante y devastadora por su viralidad, expresividad y ocupación de cualquier espacio, no solo el físico”; aspecto en el que coincide Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA): “Antes, si sufrías un problema de falta de convivencia en el centro educativo, sabías que a las dos de la tarde te ibas a casa y que podías estar más tranquilo hasta el día siguiente. Ahora, con las redes, no es así, porque el acosador puede estar 24 horas haciéndotelo pasar mal. Y luego, además, una imagen o un texto que se difunde por las redes puede hacerse viral en minutos”.
“El profesorado necesita herramientas, y no basta con hacer una vez un curso en el CEP. En vez de beneficiar solo a quienes toman la iniciativa, debería ser obligatorio para todos los docentes de cada centro, de manera que acuda un profesional y de formación a todos”, reivindica Cardenal. “La formación, tal y como está ahora, no es muy útil. En Cantabria, por ejemplo, donde hay unos 9. 000 profesores alrededor de la escuela pública, a un curso del centro de formación del profesorado igual van, como mucho, 300. Entonces no podemos decir que nuestros docentes se están formados en acoso o en convivencia en positivo”.
Más allá de esas formaciones específicas, existen también otras opciones de posgrado: másteres que abarcan no solo los diferentes tipos de acoso y los protocolos de actuación, sino también aspectos relacionados con la atención temprana, la psicología infantil, el ciberacoso o la intervención socioeducativa en situaciones de maltrato infantil, que pueden ser caldo de cultivo para futuros casos de acoso escolar. Programas que pueden estar incluso dirigidos especialmente a los profesores, como el ya mencionado máster en acoso y mediación de VIU, en el que los docentes “se forman en mediación escolar como medida de prevención de violencia en las aulas; se les dota de herramientas de comunicación con los padres y en la forma adecuada de aplicar los distintos protocolos”, cuenta Miguel Ángel Martí, inspector de educación y colaborador docente del mismo.
Formación previa a la función docente
La solución, apuntan los expertos, pasa por modificar la formación que reciben los profesores con anterioridad al inicio de su profesión docente, ya sea a través de los planes de estudio de Magisterio o en el máster de Secundaria, en los que “las Administraciones deberían incorporar una mayor presencia de objetivos y contenidos explícitamente relacionados con la promoción de la igualdad, la convivencia y la prevención y resolución pacífica de los conflictos, especialmente aquellos que atentan contra los grupos de alumnado más vulnerable”, reclama Martí.
Mientras tanto, los centros y docentes que quieren dar un paso más en la lucha contra el acoso escolar tienen diversos programas a su alcance. En Andalucía, por ejemplo, existe CONRED, una iniciativa con la que se trabaja a lo largo del curso a través de distintos módulos con los que se forma al profesorado y se les da herramientas, estrategias y recursos; o con programas de educación emocional. “Un modelo que está siendo utilizado cada vez más en nuestros centros [y en otras comunidades como Madrid] es la Mediación entre Iguales, que es muy efectiva. Se forma a parte del profesorado del centro y estos forman al alumno mediador”, señala Serrano. “Hay métodos muy interesantes que están dando resultados muy buenos allí donde se están testando, pero que no se están llevando a los centros”, añade Pablo Duchement, ingeniero informático y perito judicial experto en delitos en redes sociales perpetrados por y contra menores. “El método KiVa funciona muy bien en Finlandia (y aquí se aplica en varias comunidades autónomas), y también hay otros métodos españoles de prevención y reacción, como el AVE, de la Universidad de Alicante”: un método con el que se trabaja la tolerancia cero y se utilizan herramientas como el sociograma, que permite identificar víctimas no reconocidas de la violencia a través de una serie de preguntas que les hacen a los alumnos.
“En la gran mayoría de los centros se realizan actividades de sensibilización, y muchos de ellos cuentan con equipos de convivencia. La educación en valores se intenta transmitir en todas las materias, pero no es suficiente”, denuncia Álvarez. “Si este asunto es realmente importante para las autoridades educativas, debe estar regulado como una parte más del trabajo docente, con su dedicación horaria correspondiente, su organización y una metodología adecuada. Queda mucho por hacer, y es necesario un diálogo con las asociaciones de padres y madres, los sindicatos, las direcciones de los centros, especialistas en la materia y autoridades educativas para diseñar un plan realista de prevención y resolución del problema”.
Son muchas las cosas que, a juicio de ADIMAD, podrían hacerse: “En los centros, se deberían reforzar los departamentos de orientación, cumpliendo la legislación europea que establece un orientador por cada 400 alumnos (en vez de uno para cada 800); dotar a los centros de un profesor de Servicios Técnicos a la Comunidad que se encargue, entre otras cosas, de la prevención y detección de posibles casos; y crear en la estructura orgánica de los centros equipos de convivencia en los que el coordinador tenga la misma dedicación que un jefe de departamento”: dos horas lectivas a la semana, que el resto de profesores lo haga en horas complementarias no lectivas de permanencia en el centro, y que incluyan a alumnos mediadores a partir de 3º de la ESO. Y, desde la Consejería, “reforzar el equipo de apoyo (que actualmente cuenta con tres personas para atender a 1. 500 centros de todo Madrid), integrar al coordinador de convivencia en los órganos de coordinación del centro; y elaborar un programa de prevención (actividades de formación y sensibilización, talleres de convivencia, coloquios y charlas. . . ) dotado de los medios presupuestarios adecuados”.
Causas y consecuencias del acoso escolar
No hay una sola causa que explique la aparición de los casos de acoso escolar, sino que incluyen aspectos relacionados con las circunstancias familiares o con la propia personalidad de los estudiantes. Así, “la mayoría de los agresores comparten factores como una comunicación [intrafamiliar] basada en la crítica y la falta de afecto, el distanciamiento afectivo en la crianza o una excesiva permisividad, mientras que ser testigos de violencia conyugal implica que los adolescentes normalizan formas agresivas en la resolución de conflictos”, explica Martí. En lo que respecta a los adolescentes, señala como factores de riesgo una baja autoestima, la impulsividad, un pobre control de la ira o la sintomatología depresiva como catalizadores de situaciones de violencia, “un hecho que provoca que muchos menores y adolescentes abandonen de forma precipitada el sistema escolar, o que entren en dinámicas de conflictos constantes con el centro educativo”.
Las consecuencias, por otra parte, dependerán de aspectos como la edad de la víctima cuando se produce la situación de acoso; sus características psicológicas y personales; el apoyo social con el que cuenta; la naturaleza o tipología del acoso y el daño infligido o el tiempo en que se mantiene esta vivencia sin que se implementen medidas de apoyo y atención. “De modo concluyente, podemos afirmar que los casos de acoso grave pueden devastar el desarrollo saludable de la personalidad, socavando la dignidad y la confianza en el mundo en que se ubican; colapsan la autoestima y el autoconcepto y propician la emergencia de trastornos de salud mental tales como los trastornos del estado de ánimo o el estrés postraumático”, concluye Luengo.
