El reto de las políticas de reducción de daños y riesgos ya en esta siglo XXI está en diseñar una Política sobre drogas coherente, partiendo del principio de que para reducir daños, es primordial mejorar las condiciones de vida de las personas involucradas en ambos extremos de la cadena. Los países de la Unión Europea, donde se originó el concepto de la reducción de daños, tienen pendiente aplicar dicha política dirigida a la producción de drogas, por lo tanto, a una política internacional de reducción de daños que reconozca, también los derechos de los productores.
Para establecer algunas iniciativas de usos posibles con cannabis y derivados, y que pasaremos a exponer, es conveniente analizar previamente la significación jurídica. Estas iniciativas pudieran verse acompañadas de responsabilidades penales caso de que las actuaciones incurrieran en delito de tráfico de drogas según el art. 368 del Código Penal. Este, en su pretensión de proteger la salud pública, pudiera castigar aquellas conductas que tiendan a promover el consumo de sustancias ilícitas.
A través del llamado delito de peligro abstracto no es necesario constatar un peligro efectivo del bien jurídico, con una importante excepción, como es la atipicidad de la posesión de drogas para el consumo. Según la interpretación del concepto de peligro se producirá una mayor o menor tipicidad penal. Existe doctrina del Tribunal Supremo que restringe la punibilidad del delito de tráfico de drogas afirmando que no se afecta a la salud pública cuando ?no exista la posibilidad de difusión, de facilitación o de promoción del consumo entre terceras personas indiscriminadamente El fundamento de la impunidad es la inexistencia del peligro general de difusión, facilitación o de promoción del consumo entre terceras personas indiscriminadamente, no generándose peligro para la salud pública.
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